En el oficialismo hay preocupación. Y no sólo por los desequilibrios macroeconómicos. También por las consecuencias de una gestión que se está cayendo a pedazos. Alberto Fernández no es el mismo que el de fines de 2019. El Presidente de la Nación está entregado porque agotó todas las fichas en el juego del poder. La ruleta le fue esquiva. No encontró la manera de seguir el ritmo de gestión y ahora está pagando los costos políticos de no haber definido antes una estrategia. Cristina Fernández de Kirchner está más activa que nunca. La foto con Sergio Massa es por demás de elocuente. La Vicepresidenta de la Nación es la que ejerce plenamente el poder. Ni siquiera Silvina Batakis pudo obtener semejante imagen, pese a que en Estados Unidos dijo que llegaba con el apoyo de los tres principales socios del Frente de Todos. Duró muy poco en el cargo de ministra de Economía. Tan sólo 24 días. Hoy Massa se pone la camiseta de superministro. Y deberá demostrarles a los argentinos si, en realidad, tiene los superpoderes que se le atribuyen para tratar de encauzar el rumbo económico. Es a todo o nada. Y lo ha demostrado con la renuncia a la banca en Diputados. Si las cosas le salen medianamente bien, el líder del Frente Renovador sabe que puede aspirar, en 2023, a pelear por la sucesión presidencial. Si no es así, Tigre lo esperará con los brazos abiertos.

La reconfiguración de funciones está claramente marcada. Ayer, por ejemplo, el Presidente se fue a Catamarca, sin su jefe de Gabinete, Juan Manzur (suele jugar de local en la provincia gobernada por Raúl Jalil), que se quedó en la Casa Rosada a tratar de calmar las aguas en dos espacios que lo tienen como interlocutor: la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT). En general, los empresarios tienen buena sintonía no sólo con Manzur, sino también con Massa. La situación cambia con la central obrera. La conducción de la CGT ha iniciado un impasse para saber hacia dónde irán las medidas que tomará el superministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo. La marcha del 17 no será netamente de protesta; puede cambiar a un apoyo callejero a la gestión. El sindicalismo se acomoda frente al nuevo administrador del dinero público. Ningún dirigente quiere quedar off side en sus peticiones por los fondos para obras sociales.

En la nueva etapa de Gobierno, no sólo Alberto Fernández ha cambiado su papel; también Manzur que, en los últimos días, ha vuelto a ser aquel funcionario de pocas y medidas palabras. Con los gestos dice mucho más. El desembarco de Jorge Neme al Palacio de Hacienda como secretario de Planeamiento del Desarrollo y Competitividad Federal es interpretado en Buenos Aires como un gesto de buena voluntad del tigrense hacia el tucumano. Massa necesita a Manzur para sostener esa ala de gobernadores que todavía lo tienen como referente. Manzur precisa de Massa porque es el ministro de Economía el que debe girar o presupuestar para 2023 los fondos para la ejecución de las obras públicas prometidas. Sin ellas, no podrá desarrollarse la campaña proselitista proyectada. Esa preocupación no es sólo tucumana. Todas las provincias siguen con inquietud las medidas que tomará el líder del Frente Renovador.

Para cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI para este 2022, en un escenario intermedio de ingresos se requiere una reducción del gasto público de un punto del Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo semestre, advierte un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Eso golpeará a la inversión real directa y a las transferencias no automáticas a los 24 distritos subnacionales. Según ese diagnóstico, en el escenario intermedio de ingresos, se requeriría una caída del 0,41% del PBI ($ 321.000 millones) en la Inversión real directa, del 0,34% ($ 266.000 millones) en las transferencias corrientes a provincias y del 0,19% ($ 144.000 millones) en las transferencias de capital. La suma total de la reducción sería en este escenario de $ 732.000 millones. Tomando como base ese escenario medio, ¿cuánto le costaría el ajuste a Tucumán? El Iaraf calcula que los recortes le significarían alrededor de $ 9.500 millones por la Inversión Real Directa y cerca de $ 1.600 millones por transferencias corrientes y de capital. Ese dinero no estaría disponible hasta el cierre de este año.

No son buenas noticias para el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, que se aferró al albertismo para evitar un escenario de esa naturaleza y, además, ha consolidado su relación con su compañero de fórmula, como principal gestor del financiamiento para las obras anunciadas. De allí la intención del conductor de la provincia de no permitir ampliación presupuestaria algunas para las distintas áreas del Ejecutivo y de los organismos descentralizados, con el fin de compensar un escenario base de ajuste fiscal. Mientras tanto sigue la puja local rumbo a las elecciones. El manzurismo ha tenido un fin de semana de charlas con su principal referente, mientras que el jaldismo sigue paseando en la ambulancia política que recoge a alfaristas desencantados y a alperovichistas que aún se sienten huérfanos de liderazgo. Por lo que se escucha y se observa en las paredes, en Tucumán prevalece el “vale todo”. La dirigencia de todos los colores está más preocupada por si se adelantan o no las elecciones, mientras la sociedad espera que la economía se enderece. La agenda de la política sigue divorciada de las necesidades de la población.